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Evaluación sobre la participación de la Administración General del Estado en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia

La aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia ha supuesto la creación de un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía, que viene a consolidar el Estado de Bienestar sobre un nuevo pilar. El objetivo último perseguido es el de mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y la de sus cuidadores, familiares directos y mujeres en la mayoría de los casos. Se espera además, que la efectiva implementación de la Ley contribuya a alcanzar algunos de los objetivos principales de la agenda de reformas estructurales en favor de un mayor crecimiento económico y mayores y mejores niveles de empleo a medio y largo plazo en España, como es el incremento de la tasa de participación femenina en el mercado de trabajo.
 
Para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer este derecho, la Ley crea un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Para la implementación y el desarrollo de este sistema, la Ley atribuye a las administraciones públicas implicadas, Estado y CCAA fundamentalmente, una serie de funciones y responsabilidades específicas, respetando el reparto de competencias en vigor que asigna a las CCAA el desarrollo y la gestión de los servicios sociales en el ámbito de su territorio. Crea además un nuevo ente encargado de canalizar la necesaria cooperación entre esas administraciones, el llamado Consejo Territorial, que tiene a su vez atribuidas en virtud de la Ley una serie de funciones específicas.
 

Transcurrido año y medio desde la entrada en vigor de la Ley, el Gobierno ha solicitado a la Agencia, como parte del encargo de evaluaciones para el año 2008 aprobado por el Consejo de Ministros, la evaluación de la participación de la AGE en el SAAD.  

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