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Evaluación de las trabas administrativas para la creación de empresas

 

En 2007, la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) realizó, por encargo del Consejo de Ministros, una evaluación sobre los trámites administrativos para la creación de empresas en España (AEVAL, 2007), que se centró en el análisis de los obstáculos a la tramitación que pudieran existir en la Administración General del Estado (AGE), e incluyó una primera aproximación a los trámites administrativos que se llevan a cabo en los restantes niveles de gobierno, con la previsión de que pudiesen ser evaluados en el futuro. Además, se trató de que los resultados pudieran ser comparables con los más conocidos estudios sobre el mismo tema, tanto a nivel mundial como europeo.

Contando con este material previo, el Consejo de Ministros, en su reunión del 4 de marzo de 2011, acordó incluir, en el Plan de Trabajo para la AEVAL en 20111, “ una nueva evaluación que se centre en el análisis de los efectos de las diferentes medidas implementadas, y en especial los debidos a las modificaciones derivadas de la transposición e implementación de la Directiva de Servicios, así como en el diagnóstico sobre las posibles diferencias regulatorias y procedimentales existentes en los distintos ámbitos territoriales y sus efectos sobre la unidad de mercado”.

El objeto de la evaluación es el conjunto de medidas puestas en marcha por parte de la Administración General del Estado desde 2007 para la reducción de los trámites, y el coste y el tiempo necesarios para la creación de una empresa, desde el momento en que se inicia la tramitación hasta que se obtiene el permiso para ejercer la actividad. Por tanto, se trata de un objeto múltiple y no un único programa, lo que le otorga mayor complejidad.

Además, se trata de una serie de intervenciones de las que es muy importante contemplar los distintos ámbitos (sectoriales, territoriales y competenciales) en que se enmarcan. Unas forman parte de políticas de carácter sectorial, como las de fomento empresarial; otras son más transversales, como la política de mercado interior o de gobernanza, teniendo todas ellas como marco general de referencia la política económica, tanto nacional (con la Ley de Economía Sostenible y el PNR como principales apoyos), como comunitaria, establecida en la Estrategia Renovada de Lisboa y en la Estrategia Europa 2020, cuyo objetivo es el crecimiento inteligente, sostenible e integrador de Europa.

Como elemento de encuadre hay que tener en cuenta también que, siguiendo el mandato del Consejo de Ministros, la valoración de la intervención se ha realizado con un método comparativo, midiendo las diferencias con respecto a la evaluación de 2007, lo cual incluye mantener la metodología empleada en aquella ocasión, con las especiales limitaciones autoimpuestas (como la tipología de la empresa, o los conceptos incluidos o desestimados, por ejemplo), que ello conlleva.

Para avanzar en posibles futuros enfoques de evaluación sobre este mismo tema, se añade un estudio de cargas de dos tipos de empresas, la empresa tecnológica (TIC) y la industria (IND), ninguna de ellas afectada por la DS. También se incluye un análisis ampliado de los trámites para la creación de otra de las empresas, el hotel con restaurante (HOT+).  

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