Entre las experiencias evaluadoras más destacadas en la Administración General del Estado (AGE) se encuentran las centradas en políticas sociales, sanitarias, educativas y tecnológicas, preocupadas por la eficacia de los programas y su impacto social y/o calidad de los servicios prestados, todas ellas de ámbito sectorial y especializado. Es el caso de los trabajos realizados en materia educativa por ANECA - Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación - y el Instituto de Evaluación (antiguo
INECSE), por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud en materia sanitaria, por el INEM y el Servicio Público de Empleo Estatal en materias laborales y de empleo, por la ANEP – Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva - en el sistema público de ciencia y tecnología y de proyectos de I+D+i, o por la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo en materia de cooperación internacional al desarrollo.

No cabe olvidar, asimismo, las valiosas aportaciones de otras instituciones públicas y privadas que desarrollan labores relacionadas con la evaluación (Sociedades de evaluación, Institutos de investigación, Universidades…) y las actividades de evaluación desarrolladas por algunas Comunidades Autónomas y por la Administración local.

Existen además, entre otras, las siguientes experiencias de referencia:

• La evaluación de la asignación y empleo de los fondos comunitarios realizada por el Ministerio de Economía y Hacienda en virtud de la regulación comunitaria en la materia.
  
• Las evaluaciones de la calidad de los servicios impulsadas por el Ministerio de Administraciones Públicas en un esfuerzo de elevar la satisfacción de la ciudadanía en tanto que clientes de los organismos públicos, así como la labor de las Inspecciones de Servicios en todos los ámbitos territoriales de la Administración.
  
• El control presupuestario, contable, de legalidad y la evaluación de políticas del gasto y subvenciones que desarrollan la Dirección General de Presupuestos y la Intervención General de la Administración del Estado desde el Ministerio de Economía y Hacienda.
  
• Las funciones, fiscalizadora y jurisdiccional, con las que el Tribunal de Cuentas desarrolla el control externo de la actividad económico-financiera del sector público.
  
• A lo anterior podrían añadirse las funciones de evaluación ex ante o de análisis del impacto de las intervenciones, recogidas en memorias justificativas y económicas que deben redactarse con ocasión de las propuestas normativas gubernamentales.