La Conferencia Sectorial de la Administración Pública se ha reunido hoy por primera vez desde que el Ministerio de la Presidencia asumiera las competencias de Función Pública el pasado mes de abril.
En la Conferencia, a cuya parte final ha asistido la Vicepresidenta Primera,
han participado la Secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis, la Presidenta de
AEVAL, Maria Luisa Carcedo Roces, y los representantes de las Comunidades Autónomas y de las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Además, por primera vez se ha convocado a la Administración
Local a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Se han estudiado los proyectos de Real Decreto por los que se regula el
Esquema Nacional de Interoperabilidad y de Seguridad. Y se ha presentado el Proyecto de Real
Decreto por el que se desarrollará parcialmente la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos. También se ha analizado la Carta de compromisos con la calidad de las
Administraciones Públicas.
La Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas
Españolas, que responde a un compromiso de legislatura asumido en el Senado, se concibe como una
medida de refuerzo de la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Su elaboración se encomendó a la Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. No obstante, debe destacarse que es fruto del
consenso activo y participativo de la Administración General del Estado, de las administraciones de
las Comunidades y Ciudades Autónomas y de la FEMP.
La Carta tiene como principal objetivo concretar el principio de servicio al
ciudadano en torno a dos referencias básicas: la orientación de la gestión pública a resultados y
la satisfacción de los ciudadanos en su condición tanto de usuarios de los servicios como de
copartícipes en el diseño, implementación y evaluación de las políticas y servicios públicos.
Esta carta permitirá al conjunto de Administraciones Públicas definir un
enfoque común del concepto de calidad en la gestión pública y establecer unos mínimos comunes en
cuanto a principios aplicables, orientaciones e instrumentos de implementación de una gestión de
calidad.
